España: Discriminación legislativa y Trastornos del Espectro del Autismo

En el último mes he asistido con gran satisfacción personal a la primera acción combinada entre las tres federaciones nacionales de Trastornos del Espectro del Autismo de España (Sí, hay tres, esto es España), esta acción se dirigió a elevar al partido de gobierno una reclamación para la elaboración de un plan nacional sobre los Trastornos del Espectro del Autismo.

El trámite parlamentario se llevó a cabo de una forma algo extraña, ya que el Grupo Popular presentó una Proposición no de Ley ante el Congreso, donde fue debatida y posteriormente aprobada por unanimidad. Dado que el partido de gobierno tiene mayoría absoluta, podría haberlo realizado de otra forma, pero en cualquier caso, da igual, lo importante es que los TEA estaban en el Congreso. Luego el debate que se llevó a cabo fue malo, sobre todo para aquellos que tenemos cierta experiencia en la materia. Datos extraños, propuestas incoherentes, etc,…, lo cual deja muy claro que casi nadie en el Congreso sabía realmente de qué narices estaba hablando. Pero por algo hay que empezar, ahora solo hay que ir y decirles que tienen que estudiar un poco más. A destacar que nuestro mensaje, tal y como lo hicimos público aquí el 2 de abril llegó a alguno de nuestros representantes políticos.

Sí me preocupan algunos aspectos sobre ese presunto plan nacional, que aún no es definitivo y nadie sabemos muy bien (aunque nos imaginamos algo) como será el texto definitivo, pero por el camino que van no dejará de ser un papel más presto a ser mojado, como tantos otros. Básicamente parece ser que reclamamos cosas a las que ya tenemos derecho. Se reclaman medidas de detección precoz (que prácticamente ya están en todo el territorio nacional y que están implícitas ya en los aspectos de salud), intervención especializada (Algunas comunidades autónomas hasta las tienen reguladas), modelos educativos adecuados (Tendrán que derogar la LOMCE) y adaptados (A pesar de que comunidades como la Canaria tiene ya una buena legislación en lo referido a las NEE), aspectos sobre empleo y vida adulta (Que los recoge la constitución y varias leyes), y una serie de puntos más, todos ellos importantes, interesantes y necesarios. Pero que ya están todos contemplados en la legislación española. Y cuando digo todos, digo todos.

En resumidas cuentas, estamos pidiendo lo que teóricamente ya tenemos. Y digo teóricamente porque en la práctica esto va a depender de donde viva la persona. Este agravio geográfico que se da en España es tremendo. No podemos olvidar que los aspectos a los que se refiere este teórico plan nacional están todos transferidos a las Comunidades Autónomas. Y que todo lo que se solicita ya está contemplado en la Constitución, en las convenciones de Naciones Unidas (Firmadas y ratificadas por España) y en muchas de las leyes (sean estas nacionales o autonómicas) que ya tenemos en la actualidad. Me quedo con una extraña sensación del tipo de: “A petición de la ciudadanía de Castellón se pone en marcha una Proposición no de Ley para construir un aeropuerto en la ciudad”. A ver, Castellón ya tiene aeropuerto, pero no se ha usado nunca. Es un aeropuerto sin personas, sin aviones, sin licencias, …, es como un aeropuerto fantasma.

Pero además hay otro aspecto que me preocupa ¿Una ley sólo para personas con autismo? ¿Y con las personas que tengan exactamente las mismas necesidades pero que no tengan autismo que hacemos? ¿Que se fastidien? ¿Hacemos una ley nueva? ¿Hacemos 47 leyes para lo mismo cambiando únicamente el encabezado? Creo que alguien no ha caído en el detalle de que poner en marcha una acción legislativa destinada a dar algo a un grupo social sin contender con la apoyos o requerimientos de otros grupos que puedan tener la mismas necesidades es una discriminación total. Y en este caso llevada a cabo por quienes se quejan de ser discriminados y segregados (Con toda la razón por cierto). Aquí se aplica el típico “Donde fueres… Haz lo que vieres”. Pero a pesar de mi crítica, insisto, me produce satisfacción el hecho de que haya existido un consenso y que empiecen a trabajar juntos para llevar a cabo su misión.

Realmente la petición debe ser más simple, y es la adecuación del marco legal nacional a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual, España, firmó el día 30 de marzo de 2007. Tal y como aparece reflejado en el BOE. Y lo demás son cantos de sirenas, es palabreo parlamentario, verbo florido, declaraciones de buenas intenciones, una triste demostración de masturbación dialéctica sin sentido. Pero además, sin que exista un interés real de ejecutar lo que ya existe en nuestro marco legal. Tener leyes que no se cumplen obliga al ciudadano a demandar al Estado para que este cumpla la ley, no me cansaré de decirlo, ¡esto es inconcebible! Habrá que recordar el principio del Derecho Romano de dura lex sed lex.

Y además tenemos un problema de visión, al igual que sucede en la disfunción visual en el autismo, parece que veamos el mundo a través de un tubo, con visión focal, y no vemos como otros colectivos tienen exactamente las mismas necesidades de respeto a sus derechos, de respeto a su condición y de respeto a su dignidad. Y en vez de crear una acción conjunta y nacional para que ese 15% de la ciudadanía con diversidad funcional (Discapacidad) pueda vivir en un país donde se respeten a rajatabla sus derechos, su dignidad y su humanidad plena. Esa situación hará que todos y cada uno de los ciudadanos del Estado tengan por extensión esa cobertura.

Claro, alguien me dirá que para eso ya está el Cermi, que se supone agrupa a todo el sector. Pues yo no sé muy bien para qué sirve esa institución, pero lo que si tengo muy claro es que no ha hecho ese trabajo tan importante. Que en el 2011 ya hacían proposiciones para adaptar el marco legal, mire oiga, no proponga, exija, que han pasado ya 7 años y aquí seguimos jugando al pies quietos. Aquí solo salimos a la calle cuando nos tocan el bolsillo, tal y como sucedió hace ya dos años. El resultado de aquellas movilizaciones no hace falta ni explicarlo, ¡bueno va, lo explico!, no ha pasado nada. Y nos empeñamos en defender dinero olvidándonos de defender los derechos.

Necesitamos un plan nacional de atención a la diversidad funcional que englobe a todos, y no perdernos en disquisiciones sobre el sexo de los ángeles, que al final, no llevan a nada. Un modelo real debe incluir en sus disposiciones las partidas económicas y los recursos que se destinarán a fin de que el ejercicio de los derechos de los ciudadanos sea posible. De no ser así, caemos en lo que afirmaba Romanones– “Es más fácil dogmatizar que discutir, vencer que convencer.“. Y en esa misma línea del genial Romanones, “Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento“.