Jóvenes con diversidad funcional intelectual olvidados a su suerte

Cada vez que aparecen este tipo de noticias se nos revuelve el estómago, y esta vez ha tocado el turno al joven Iván, que ha sido “invitado” a vivir en la calle y buscarse la vida como pueda en Las Palmas de Gran Canaria al cumplir los 18 años. Y es que “algo huele a podrido” en la ley de protección al menor. Y el caso de Iván viene a confirmar que no es una excepción pero sí parece ser la regla. El joven Iván ingresó en un centro de menores a los 5 años de edad. Con una diversidad funcional intelectual reconocida del 40% y aquejado de brotes psicóticos, fue “rescatado” de su familia para preservar sus derechos e integridad física y moral. Según las autoridades sus padres no cumplían con sus deberes de forma adecuada. Y con esa tierna edad Iván pasó a formar parte de ese grupo tan especial de niños y jóvenes “hijos del Estado”, ya que es quien se encarga de todas sus necesidades.

Y hasta aquí todo parece perfecto, la administración velando por los intereses de sus ciudadanos (en este caso de los más débiles). El problema viene cuando el niño crece y deja de ser un niño y adquiere la mayoría de edad legal, los 18 años. A esa edad uno puede casarse sin pedir permiso, beber alcohol, fumar, votar e ir a la cárcel; es decir, que ya eres un ciudadano adulto. Pero en algunos de estos casos, estos ciudadanos necesitan de algo más de ayuda y apoyo, tienen un trastorno que les afecta a sus capacidades intelectuales. Pero el sistema no está bien, ya que al cumplir la mayoría de edad legal son “invitados” a buscarse la vida como puedan. Y esto sucede porque por alguna razón, cuando un menor alcanza la mayoría de edad se supone que ha sido preparado para una vida independiente (decir esto en un país donde los jóvenes se “independizan” a los 30 y tantos suena a broma de mal gusto) y por tanto pueden valerse por sí mismos. Pero si tenemos a un joven con una problemática determinada el centro debe de iniciar un procedimiento legal, es decir, que hay que contar con la anuencia de un juzgado que diga si esta persona puede o no valerse por sí misma. Y aquí llega el quid de la cuestión: los juzgados son lentos, muy lentos en resolver este tipo de problemas, de hecho y en función de la ciudad los tiempos pueden variar de forma escandalosa, entre los 3 a los 10 meses. Y mientras tanto, pues el joven es “abandonado” a su suerte, condenado a vivir en la calle, o si tiene algo de suerte, poder batirse el cobre para conseguir una cama en algún centro de acogida para indigentes.

Pero el caso de Iván no es un caso aislado, de hecho es más habitual de lo que parece. No debemos olvidar que cuando estamos ante casos de este cariz, vemos crecer a niños con evidentes carencias afectivas, que apenas han recibido la atención necesaria para mejorar sus habilidades y capacidades sociales y que por norma general han ido dando tumbos de un “centro de atención” a otro. Y esto tiene un final generalmente malo. Ya en Febrero nos hicimos eco en el artículo “Aumentan las personas con discapacidad intelectual en las cárceles” del problema de muchas personas que aún siendo inimputables legalmente acababan con sus huesos en la cárcel. Además este tipo de personas son mucho más fáciles de manipular por terceros, o caer en problemas relacionados con adicciones, y aún y así y conociendo esta situación, pues con un gran “afecto” por parte de papá Estado son abandonados, condenados al ostracismo, a que un juez decida no se qué para que esta persona no se vea tirada en la calle. Y luego nos gastamos fortunas para hacer campañas publicitarias para que los ciudadanos no abandonen a sus mascotas, mientras el propio gobierno, y debido a un defecto legal abandona (pero temporalmente, que tan malos no son -permitan este sarcasmo- solo son lentos) a sus hijos putativos.

Más información en el artículo de El País