FEAPS propone mejorar la LOMCE para garantizar una educación más inclusiva

• FEAPS considera que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), (actualmente en tramitación parlamentaria), debe orientarse mucho más hacia la inclusión educativa de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

• Esta orientación se traduce en realizar “ajustes razonables” en función de las necesidades individuales de cada escolar; garantizar que nadie sea escolarizado contra su voluntad o la de su familia en la educación especial; asegurar que existan criterios no discriminatorios en la admisión del alumnado; y formar al profesorado en la discapacidad y la atención a la diversidad.

En este inicio del curso escolar 2013-2014, el Movimiento Asociativo FEAPS considera que no puede existir una filosofía distinta a la hora de dar respuesta educativa a los alumnos y alumnas con discapacidad intelectual, porque estas personas tienen derecho a ser educadas en igualdad de condiciones que el resto. Aunque existen múltiples modalidades de escolarización, ya que cada persona es única y las respuestas deben ser diversas, FEAPS estima que la educación tiene que estar orientada hacia la inclusión en todas las etapas.

Mª José Alonso, colaboradora de la Red de Juristas de FEAPS, afirma que “en el Proyecto de Ley de la LOMCE no se cumple con la obligación que tiene España de adaptar la legislación española a la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad. No se hizo en la Ley 26/2011 de adaptación, que dejó al margen el tema de la educación, y nuevamente no se está haciendo en este proyecto de ley, que es posterior al examen que de nuestro país hizo el Comité Internacional de la ONU de seguimiento de la Convención y en el que concluyó su informe señalando los cambios que deben afrontarse en nuestro sistema educativo para cumplir con la misma. Esto en un momento de recortes provoca un retroceso”.

FEAPS ha transmitido al Gobierno una serie de propuestas de mejora a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). En este documento se hace especial hincapié a los siguientes aspectos:

-FEAPS advierte que el proyecto de Ley no hace mención alguna a la necesidad de realizar “ajustes razonables” en función de las necesidades individuales de cada escolar, y facilitar de este modo “medidas de apoyo personalizadas y efectivas que fomenten el máximo desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión”. Estos ajustes razonables permitirían a los alumnos con discapacidad intelectual o del desarrollo que cursan estudios en centros ordinarios poder potenciar al máximo posible sus capacidades.

El proyecto mantiene lo establecido en la legislación anterior sobre la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales. Esta escolarización depende de que los propios centros ordinarios consideren si pueden o no atender estas necesidades especiales “en el marco de las medidas de atención a la diversidad”. Por lo tanto, a efectos prácticos, el proyecto educativo de los centros resulta determinante para definir las oportunidades de escolarización de estos alumnos.

FEAPS considera que el Gobierno pierde una oportunidad única para garantizar que ningún alumno con discapacidad intelectual o del desarrollo sea escolarizado en la educación especial contra su voluntad y sin tener en cuenta la opinión de sus padres o tutores, haciendo caso omiso a las recomendaciones tanto del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU como del Relator Especial de Derecho a la Educación, Vernon Muñoz, que en sendos informes hablan de consultar a los padres ese tipo de decisiones y de avanzar hacia una fusión entre el sistema educativo ordinario y el especial. Para ello, FEAPS junto al CERMI han propuesto el desarrollo de una estrategia global que sirva para orientar todo el sistema educativo hacia un modelo inclusivo.

FEAPS solicita la eliminación de la posibilidad de que los centros ordinarios puedan priorizar el criterio del rendimiento académico en sus solicitudes de admisión de alumnos (aspecto que puede suponer hasta un 20% de la puntuación). Según el citado Relator, esto puede dar lugar a que “exista una renuencia a incluir a los estudiantes con discapacidad y a que se expulse a los alumnos a los que es difícil educar”, afianzando con ello la discriminación y la situación de marginación social en la que se encuentran generalmente estas personas.

La Ley no introduce ninguna previsión sobre la formación del profesorado, que resulta imprescindible para poder atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. FEAPS considera que debe incluirse alguna mención específica de conformidad con el artículo 24 de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la necesidad de disponer de profesionales formados en la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de técnicas y materiales educativos para apoyar a estas personas.

Asimismo, Mª José Alonso, afirma que “las CCAA que tienen competencias de desarrollo y ejecución en materia educativa desconocen la convención y siguen aplicando unos procedimientos que no se ajustan a la misma (y ni siquiera a los principios de nuestra Ley Orgánica de Educación). En la práctica, están impidiendo que los alumnos con discapacidad sean educados en igualdad de condiciones, con libertad de elección y con los apoyos personalizados que necesiten para garantizar su formación efectiva”.

Estos argumentos fueron transmitidos también al Ministro Wert por los representantes de nuestra organización en el CERMI, en el Foro de Educación Inclusiva celebrado el pasado 28 de mayo.

FEAPS contribuye a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo tenga su propio proyecto de calidad de vida y pueda lograr su inclusión como ciudadana de pleno derecho y su participación en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto. Es un movimiento asociativo formado por 884 entidades repartidas por el territorio español, que representan a más de 139.700 personas con discapacidad intelectual, 235.000 familiares, 40.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias.