El Gobierno de Aragón, condenado por excluir a un joven con autismo del sistema educativo

EFE – NdP – El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha condenado al Gobierno aragonés por vulnerar el derecho fundamental a la educación de un joven con autismo al excluirlo del programa especial que seguía en un centro escolar de Huesca sin ofrecer una alternativa a sus padres.

El recurso fue interpuesto por los padres del joven, cuya edad actual, 21 años, le impide incorporarse de nuevo al programa, en diciembre de 2012, casi dos años después de ser excluido del programa para necesidades educativas especiales que seguía en IES Pirámide de la capital oscense.

El joven se incorporó al programa en el año 2007, aunque los efectos positivos del programa no se verificaron hasta los cursos 2008 y 2009, con informes de técnicos del centro que resaltan una disminución prácticamente absoluta de los episodios agresivos que mostraba inicialmente así como progresos en su evolución.

Según el tribunal de lo contencioso-administrativo, que se apoya en informes técnicos de especialistas del propio centro escolar, la sustitución, por enfermedad, de la tutora que se ocupaba del programa y los cambios llevados a cabo en su funcionamiento agravaron las reacciones “agresivas y destructivas” del joven.

Ante la negativa de los padres a someter a su hijo a un tratamiento farmacológico inhibidor de la conducta, desaconsejado por los propios técnicos de la administración, los responsables de dirección del centro, en febrero de 2011, decidieron no prorrogar un año más la presencia del joven en el programa.

La sentencia responsabiliza a la Administración aragonesa de no ofrecer “alternativa alguna” al joven a pesar de los requerimientos de los padres, a quienes, según el tribunal, se colocó en la tesitura de “tener que decidir por soluciones médicas y farmacológicas que, lejos de ser beneficiosas, están contraindicadas en casos como el presente”.

Argumenta el juez, el programa educativo, que ofreció una respuesta adecuada al joven en sus dos primeros años, fracasó no por motivos relacionados con el crecimiento del escolar sino por “cambios y alteraciones” en el programa y por la ausencia de un “recambio o sustitución acorde”.

Esto llevó, subraya el fallo judicial, a dejar “indebidamente” al joven fuera del sistema educativo, “todavía durante periodo lectivo y de escolarización obligatoria”.

En su resolución, el juez argumenta que la cuestión a valorar no es el fracaso o éxito de los programas ideados sino la ausencia de una respuesta alternativa por parte de la Administración, sobre la que “recaía la obligación de darla”.

Tras hacer referencia a unos informes de la propia administración en la que alega carencia de recursos humanos y materiales para hacer frente a la situación de este tipo de alumnos discapacitados, la sentencia destaca que “en definitiva, ausencia de medios y de respuesta administrativa es lo que recibió el joven y su familia a partir de noviembre de 2010”.

“Ausencia de respuesta y de prestación educativa por la administración cuando ésta estaba obligada a darla”, resalta el fallo.

Según el letrado representante de la familia, Francisco Almodóvar, del bufete madrileño Almodóvar & Jara, “por primera vez, un juez indica en una sentencia que los afectados de autismo no pueden ser excluidos (del sistema educativo) o ser medicados con medicamentos ineficaces para esa dolencia”.

En un comunicado, el letrado argumenta que la asistencia a estos discapacitados parece marcada por la “negligencia y la ignorancia del problema” y de la legislación, y esto, a su juicio, “impide en Huesca que las personas con autismo y discapacitados severos disfruten de sus derechos”.

La sentencia, añade, continúa dado que Huesca no posee centros especializados o genéricos con apoyos específicos para el autismo, por los que tienen que ser las familias las que ha de hacerse cargo de ellos todo el tiempo.

Para el abogado, el Gobierno de Aragón, a través de su Departamento de Sanidad y Bienestar Social y Familia vulnera así la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y su normativa de desarrollo en España.