Evaluando la nueva reforma de la educación en México

México ha puesto en marcha una nueva reforma educativa, que desde luego ha creado un sinnúmero de reacciones en contra, pero quizá también ha servido para poner de manifiesto, el catastrófico sistema de educación público mexicano. La citada reforma era uno de los objetivos del sexenio del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y ha sido promulgada con el aval de los integrantes del Pacto por México y con un nutrido grupo de docentes en contra de la misma, así como las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En febrero del 2013, la reforma fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal, a pesar de que sus detractores afirman que esta ley contiene aspectos que vulneran claramente la constitución mexicana. El 10 de septiembre de 2013, el Presidente de la República de México -Enrique Peña Nieto- promulgó la reforma a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Decretos que fueron publicados en el Diario Oficial al día siguiente.

Dentro de los acuerdos del Pacto por México (El cual ya demostró su fragilidad el pasado mes de abril) se encuentra el acuerdo por la educación de calidad y con equidad que sería impulsada mediante la presentación de una reforma legal en materia educativa con tres objetivos básicos, siendo estos los siguientes: Aumentar la calidad de la educación básica, reflejándose esto en los resultados de las evaluaciones internacionales como PISA (no hay que olvidar que la calificación de México en el citado informe es cuando menos muy mala); Aumentar la matrícula y la calidad de la educación media superior y superior; Recuperar la rectoría del Estado Mexicano en el sistema educativo nacional.

Sin embargo, grupos de docentes iniciaron una lucha sin cuartel para evitar que la citada reforma viese la luz en la forma que se propuso. Obviamente no lo consiguieron, sus reclamaciones no fueron tomadas en consideración, es más, para acallarlos se mandó (y se sigue mandando) a las fuerzas del orden público que actuaron (y actúan) de forma contundente. Hecho que generó precisamente el efecto contrario. Los gobiernos, por alguna razón desconocida, se empeñan en apagar fuegos con gasolina. Esta misma reacción se ha producido en Chile y España ante situaciones similares.

Entre las mayores reivindicaciones de los docentes se encuentra precisamente lo que ellos entienden como una vulneración de los derechos fundamentales y que esta reforma no tiene nada de educativa, sino que es básicamente una reforma laboral, que orilla completamente los verdaderos problemas de la educación pública en México. Desde una mala coordinación entre los estamentos federales y los estatales, a un sinnúmero de fallos garrafales que inciden negativamente en la tan llevada calidad educativa que promueve la administración mexicana. No podemos olvidar el vergonzoso incidente con los libros de texto, donde la Secretaría de Educación envió un manual para corregir a mano los más de 117 errores graves que contenían los citados libros de texto, que ya habían sido impresos y distribuidos. Por supuesto, y según admitió el pasado 5 de agosto el responsable de Educación, Emilio Chuayffet, “No nos correspondió a nosotros ese error”, aunque tampoco se precisó como se puede cometer tal tropelía educativa ni tampoco qué medidas se han tomado o van a tomar contra los responsables.

No es una reforma, sino una contrareforma laboral y administrativa

Algunos de los aspectos más sangrantes de la citada reforma se sustentan en la modificación estatutaria de los artículos 3 y 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Según se desprende de la lectura de estos cambios, éstos están encaminados a regular la relación laboral entre el trabajador y la empresa (En este caso el Estado), incluso se aplican efectos retroactivos, cosa que por otra parte vulnera le principio de legalidad mexicana según lo estipula el artículo 14 de la constitución. Ricardo Soto Pérez, en su libro “Nociones De Derecho Positivo Mexicano” habla sobre el artículo 14 y dice. “Dentro de este artículo encontramos cuatro garantías: la de irretroactividad de las leyes, la de audiencia, la de legalidad en materia civil y la exacta aplicación de la ley en materia penal”. A su vez, el otorgamiento al recién creado “Sistema Nacional de Evaluación Educativa” de un poder cuasi total sobre quien está cualificado y quien no, sin a cambio proponer las medidas necesarias para solventar una posible mala formación del profesorado. El problema es que el evaluador es inevaluable ¿Quién evalúa al evaluador? Ni siquiera existe en el protocolo de reclamación administrativa, ante un fallo en contra del docente, ningún procedimiento que salvaguarde sus derechos laborales en tanto en cuanto se resuelve el recurso administrativo. Es decir, deja al profesorado en una absoluta indefensión. Estamos pues en este aspecto ante una reforma laboral pura y dura y no educativa. Modelo que según los maestros es puramente coercitivo.

Pero el problema de las evaluaciones a los docentes van más allá de un mero trámite protocolario. Los propios maestros y maestras no se oponen a una evaluación, es más, entienden que es bueno para mantener el nivel del profesorado y evitar que existan diferentes niveles formativos a los educandos en función de unas escuelas u otras. Pero claro, si un maestro no tiene la capacitación necesaria para ejercer la docencia, ¿de quien es la culpa? ¿del maestro o de quien lo acreditó como tal, en este caso el propio Estado? Es decir, que esto es un cuchillo que corta hasta por el mango. Y es que este aspecto es más complejo de lo que a priori pueda parecer. Tampoco el procedimiento de formación continuada al maestro de la escuela pública parece asegurar que éste se capacite adecuadamente y de forma que sus conocimientos sean acordes al currículo académico que se marca desde el Gobierno. Y tampoco queda claro qué sucede mientras alguien está en un proceso de actualización de sus competencias.

¿Por qué se movilizan los maestros?

Curiosamente existe entre la población mexicana poco apoyo a las reclamaciones de los maestros, quizá por el hastío que la mala calidad de la educación pública arrastra desde hace ya décadas, o quizá porque entienden que los maestros son parte del problema y no de la solución, o quizá porque les molestan las acciones de protesta, o quizá porque muchos ya perdieron la fe en la educación pública y todo esto les resulta cansino. Diversos medios de comunicación mexicanos han destacado como muchos de los carteles y pancartas reivindicativas de los maestros tenían faltas de ortografía, no está claro si por un mero afán informativo y de mostrar una realidad o por un acuerdo explícito a la tan citada reforma. Los maestros mexicanos de la educación pública no gozan de una buena reputación ciudadana. Las acusaciones sobre maestros que accedieron a su plaza por meras influencias y no por méritos son innumerables, esto sin contar una larga lista de quejas que muchas familias expresan sobre la tan llevada calidad educativa. Esto obviamente no convierte a todos los maestros de la escuela pública mexicana en unos malos profesionales como es obvio, pero sí incide directamente en cómo la sociedad los percibe. Curiosamente, los maestros se han convertido en los culpables del sistema educativo, cuando ellos, tal y como se ha demostrado, no tienen voz en el proceso. Y todo esto a cambio de unos salarios de malos a muy malos, con una baja estima social, sujetos a los vaivenes de las sucesivas reformas educativas en función del cambio de sexenio y al final, se sienten tutelados por “el perro del hortelano, que ni come ni deja comer”.

A su vez, el propio Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) está bajo la perpetua sombra de la sospecha, las acusaciones de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, …, y un largo etcétera, son continuadas. El hecho de que muchos maestros y maestras no solo no se sientan representados por el SNTE, sino que lo consideran parte del problema no ayuda demasiado. Ante una situación así, es lógico plantearse el alto riesgo que un profesional de la educación bien formado que no tenga buenos amigos pueda no superar alguna evaluación en pro de otro compañero mucho mejor relacionado pero peor formado. Y es que, entre otros muchos problemas, la corrupción en México es uno de esos lastres que se han empeñado en bloquear el avance del país y nadie parece estar afrontándolo de una forma efectiva.

La reflexión de Manuel García Estrada sobre la actual situación de protesta

Pero las quejas a la reforma educativa no se quedan aquí, aun hay más. La modificación de las cuotas escolares a un modelo de co-pago (O re-pago, ya que se supone que la escuela pública se sufraga con los impuestos), ya que a partir de ahora las familias deberán afrontar un costo mucho mayor. Es curioso, ya que las familias protestaban por tener que pagar un dinero para una educación que se entiende es pública y gratuita, y ahora van a pagar más que antes. Los detractores a esta nueva reforma la califican como una privatización encubierta de la educación, ya que a partir de ahora las familias deberán pagar los libros de texto, los insumos del colegio (Agua, electricidad, teléfono), el mantenimiento del edificio y la reparación del mobiliario. Aunque en sobre este particular no aparece nada en el texto de la citada reforma.

No obstante, según el Gobierno de México muchas de las reclamaciones sobre la citada reforma se basan en una desinformación por parte de los maestros, ya que según fuentes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) muchas de las afirmaciones que se han llevado a cabo no tienen sustento. En lo referido a el despido de los maestros, refieren que el gremio educativo está cualificado y facultado para hacer valer los derechos adquiridos por los profesores, si como maestro cumplen con las evaluaciones y acuden a los cursos de capacitación y actualización, sus derechos seguirán vigentes y no corren ningún riesgo de ser violados, ni podrán ser despedidos por faltas a su puesto de trabajo si estas faltas están debidamente justificadas, tal y como lo establece la ley de 1946. También niegan tajantemente que vaya a desaparecer la carrera de magisterio, tanto es así que se han diseñado nuevas condiciones para el ingreso al magisterio. En lo referido a los comisionados y a las dudas sobre si los éstos ya sea en funciones de dirección o supervisión que carezcan del dictamen correspondiente pueden mantener esa función, los especialistas dicen que “sí, si participan en los procesos de evaluación y obtienen los resultados suficientes, además de que podrán obtener su plaza directiva, ya que se está impulsando un programa de regulación” para ello.

Sin embargo, en lo referido a los aspectos pedagógicos no se adveran excesivos cambios, incluso en lo referido a las políticas inclusivas para educación. Es paradójico que en un curso de inclusión que se ha llevado a cabo recientemente el material estuviese basado en modelos de integración, es decir, material obsoleto. Si a esto le sumamos que el flujo de la información entre departamentos o entre los propios niveles de un mismo departamento suele tener graves carencias, lo normal es que el maestro tampoco tenga muy claro a qué atenerse o sobre qué competencias debe capacitarse realmente. Es por tanto lógico y comprensible que el personal docente se vea sumido en una gran incertidumbre. Y esta incertidumbre también se extiende al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE), para los cuales no hay demasiados cambios. Es decir, que seguirán igual que estaban. Tampoco se aprecian cambios significativos en los Centros de Atención Múltiple (CAM), ni en los alumnos con NEE, los cuales es posible sigan pasando de curso sin adquirir ninguna competencia del currículo académico, o que se vean en un CAM del tipo cajón de sastre, donde los docentes no pueden ser especialistas en todas las discapacidades, y por tanto la calidad atencional será baja. Es decir, que si un niño con NEE acude a la escuela pública entra en una especie de lotería, a ver si tiene suerte y al colegio donde acuda existen o no los medios humanos y materiales que el niño necesita. Y si no hay, bueno, pues que se vaya a un colegio privado, y si no puede, pues que presente una queja por el procedimiento administrativo, y con suerte dentro de un tiempo no determinado recibirá una respuesta, quizá sea la adecuada, quizá no. En cualquier caso nadie parece haberse preguntado cómo esta reforma va a afectar a los alumnos, al parecer no son una parte importante en esta ecuación.

Realmente esta reforma entra dentro de la actual corriente de reformas educativas que arrancó en la década de los 70 con la reforma educativa de los EE.UU. (con los resultados ya conocidos) y que se está imponiendo en países como España o Chile, y no son reformas que pretendan mejorar realmente la educación, sino reformas de corte ideológico, es decir, donde se pretende implementar una doctrina de pensamiento en la función pública. Este tipo de reformas educativas adolecen todas de aspectos básicos: En primer lugar, no tienen realmente un plan a futuro, con lo cual son reformas tipo parche y poco más; Son de corte ideológico, pretenden el control del sector de la educación, ya que alterar o controlar el pensamiento de los que -precisamente- deben ser los encargados de promoverlo, es fundamental para poder generar un estado de inmovilismo y un menor nivel de activismo social ante acciones injustas de los estamentos públicos; Son reformas con fecha de caducidad, de tal forma que ni siquiera van a ser capaces de ejecutar de forma eficaz ninguno de los modelos educativos. Ya durante el mandato de Felipe Calderón se dio un duro golpe a las humanidades , cambiando el modelo educativo al modelo “Moderno” basado en que el estudiante adquiera conocimientos destinados a ser útil a una maquinaria productiva. Esto es básicamente lo mismo que la LOMCE está pretendiendo implantar en España, es decir, una reforma que no pretende mejorar la calidad educativa en su conjunto, sino adecuar el modelo educativo a un ideario, volvemos a la escuela prusiana. Si Gabino Barreda levantara la cabeza, se moría del disgusto.